"Solo le pido a Dios que lo injusto no nos sea indiferente", casi gritó la anciana de 72 años de edad, Doña Fausta Barranco, cuando desde Jantetelco llegó al micrófono instalado en el zócalo de Cuernavaca durante el Foro Nacional contra la represión en Morelos y sus palabras rebotaron por entre los toldos del campamento magisterial, donde los puños se levantaron para gritar al unísono: ¡No están solos!, que también es una forma de decir "somos un pueblo unido que jamás será vencido" y "ni con tanques ni metrallas detendrán la dignidad y lucha del pueblo pobre que se levanta en defensa de sus derechos", como lo dijo Saúl Roque Morales en representación del pueblo de Xoxocotla cuando la voz se le quebró para narrar el ataque del Ejército y la PFP por tierra y aire a la comunidad indígena más grande del estado de Morelos.
Ahí, desde muy temprano, integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos y de la Asamblea de Amparados, coordinaban esfuerzos para abrir un poco de espacio para instalar templete y sillas donde fueron llegando cientos de profesores y profesoras de las 6 regiones de Morelos para esperar la llegada de Rosario Ibarra de Piedra, la Doña presidenta del Comité Eureka y fundadora del Frente Naciona contra la represión que hoy le toca presidir también la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, y a Edgar Cortés el Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de organismos de derechos humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, quienes estuvieron en el presidium a la sombra del "Morelotes" para escuchar de Juliana G. Quintanilla el "Informe preliminar de violaciones a los derechos humanos cometidos contra las comunidades indígenas y el magisterio morelense" que prepararon la CIDHM y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, nombre este último que motivó un minuto de aplausos al cumplirse el 7o. aniversario de su asesinato. También se escucharon testimonios de madres y padres de familia de la Antonio Barona y de Xoxocotla, de Axochiapan y de San Antón por voz este último de Cristóbal Martínez, el ayudante municipal que sufrió un secuestro y artera agresión por presuntos agentes de la AFI que permanecen impunes, quien denunció los intentos de reabrir las escuelas mediante la violencia, como acostumbra el gobierno panista a enfrentar movimientos como el opositor al relleno sanitario de Lomas de Mejía.
Ahí, después de escuchar un amplio reporte que enviamos por separado, la gente recibió con entusiasmo y cariño la intervención de Rosario Ibarra, quien recordó las historias de las mujeres de generaciones anteriores que marcaron el camino de lucha por la dignidad frente a la represión gubernamental a los movimientos sociales desde los años 60s y 70s e inclusive la lucha por los derechos electorales de las mujeres, donde participó su abuela y que le dió la fuerza para asumir la lucha por la presentación con vida de su hijo Jesús Piedra Ibarra, desaparecido desde 1974 por el gobierno de Luis Echeverría que aún descansa en su domicilio sin que sea alcanzado por la justicia.
También Edgard Sánchez realizó el recuento de las violaciones a los derechos humanos, desapariciones y presos políticos, asesinatos y represión que llevaron a la fundación nuevamente del Frente nacional contra la Represión (FNCR), mientras que Edgar Cortés hizo un amplio análisis sobre el significado de la criminalización de la lucha social que se está viviendo en el país.
Ahí, la Asamblea de Amparados contra la Ley del ISSSTE propuso que los trabajos de preparación de la constitución de la sección Morelos del FNCR y de la Comisión Magisterial de Derechos Humanos fueran coordinados por la CIDHM con el objetivo de articular los esfuerzos en donde ya han participado cientos de profesores y profesoras que durante estos días asumieron verdaderamente un papel de promotores y defensores de derechos humanos al documentar cada uno de los mismos desde pueblos y comunidades que estaban siendo agredidas por el Ejército y la PFP, lo que permitió enfrentar y frenar de alguna manera con la denuncia internacional y la movilización amplia e incluyente en Morelos esta represión gubernamental, la mayor durante décadaas en Morelos.
Ahí, a mano alzada, cientos de personas ratificaron su voluntad de unir esfuerzos para que este movimiento sea respetado en sus derechos humanos y se garantice la educación pública, los derechos colectivos y laborales, así como las garantías fundamentales de la población morelense hoy bajo ataque panista.
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